El promotor de una vivienda protegida sólo podrá reclamar al comprador el pago del 5% del valor total del piso a la firma del contrato
El Consell aprobó ayer el nuevo reglamento sobre la vivienda de protección pública (pisos protegidos) que fija, por primera vez en la historia, la cantidad máxima que tendrá que abonar el comprador de una VPO cuando reserva el piso. El importe no podrá superar el 5% del valor total de la vivienda. Una regulación que, según el conseller de Vivienda, José Ramón García Antón, intenta favorecer la reactivación del sector debido a que muchos más compradores podrán plantearse la adquisición de un piso protegido al saber de antemano que la cantidad inicial a pagar no supondrá un sobreesfuerzo. En las operaciones de compraventa de viviendas protegidas se han dado casos en los que el promotor llegaba a pedir que le entregaran de golpe hasta el 25% del valor de la casa, algo que debe hacerse entre la firma del contrato de reserva y la entrega de las llaves. Por otro lado, los empresarios pueden ver más abierto el mercado en una situación de crisis económica.
El precio medio de una vivienda de protección pública en ciudades como Alicante o Elche alcanza los 165.000 euros de no existir el ilegal dinero "b" por medio. Se han dado casos, hasta ayer autorizados la propia ley, de promotores que una vez pactada la venta de una VPO llegaban a pedir entre treinta mil y cuarenta mil euros a la firma del contrato de reserva, un 25% del total. Una exigencia que en muchas ocasiones dejaba sin capacidad de maniobra a los afortunados compradores que habían podido acceder a un producto escaso, sobre todo durante los años del "boom" del sector.
Créditos "puente" o el sacrificio de los padres, en los mejores casos, paliaban estas exigencias, pero también se producían renuncias de gente que no podía reunir la cantidad y abandonaba la compra. Hoy el escenario ha cambiado: hay más VPO en el mercado pero falta financiación. El Consell cree que con esta medida la demanda se reactivará al reducirse las cargas iniciales, las que deben afrontarse sin las ayudas oficiales de Generalitat y Gobierno. Al fijarse un tope del 5% en la cantidad económica a desembolsar a la firma del contrato, el montante en ciudades como Alicante o Elche quedará en unos 8.000 euros.
Otra de las grandes novedades del reglamento que actualiza el que estaba en vigor desde mayo de 2007 es la creación del denominado "visado de garantía". La Conselleria ha llegado a un acuerdo con el Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana para que los proyectos que dispongan del visado no necesiten la revisión por parte de los Servicios Territoriales de Vivienda de aspectos como la accesibilidad o la habitabilidad, lo que reducirá los trámites.
El reglamento otorga también, según el Consell, mayor agilidad en la tramitación necesaria para convertir las viviendas libres, en construcción o ya terminadas, en VPO para intentar así favorecer la salida del stock de pisos sin vender, unas 46.000 casas en la provincia de Alicante.
Por otro lado, se modifica el límite de ingresos para los adjudicatarios de una vivienda de promoción pública de las que construye el Instituto Valenciano de la Vivienda; el sistema de fijación de precios de venta y renta; y el de ponderación de los precios en función de la capacidad y esfuerzo de las familias adjudicatarias. Los ingresos familiares no podrán exceder de 2,5 veces el Iprem (antiguo salario mínimo interprofesional) que está en los 7.300 euros brutos al año. En el caso de la renovación el límite se eleva a 3,5 veces el Iprem. El objetivo, según García Antón, es que las familias que mejoren su situación económica y superen por poco el límite del Iprem puedan permanecer en los barrios y mantener la vecindad.
Fuente: http://www.diarioinformacion.com
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