En el pleno de control del Senado, la ministra ha detallado el acuerdo que firmó ayer en Valladolid para dar salida al total de viviendas disponibles en Castilla y León, tras ser preguntada por el senador socialista Julián Simón de La Torre por el plan del Gobierno para reducir el stock que existe en la región.
Según el acuerdo suscrito con la Junta de Castilla y León y otras entidades, 30.000 viviendas libres podrían pasar a ser de protección oficial, lo que supondría movilizar más de 5.000 millones de euros "improductivos" porque las viviendas no cumplen la "función social" de ser habitadas.
Corredor ha señalado que en el Plan de Vivienda de 2008 ya se incluyeron medidas para reducir el número de viviendas disponibles, de las que muchas han sido prorrogadas y ampliadas.
Ha repasado algunas de estas medidas, entre las que se encuentra la ampliación del número de familias que pueden acceder a una ayuda estatal directa para pagar la entrada de viviendas, para lo que tendrán que comprar una vivienda protegida y tener ingresos inferiores a 50.000 euros al año.
Junto a los promotores, las personas físicas y jurídicas también podrán reconvertir sus viviendas libres en venta a la categoría de protección oficial, si bajan el precio y se adaptan a las condiciones que ha señalado el ministerio.
Para la ministra, el acuerdo de ayer consiste en aplicar las medidas transitorias del Plan de Vivienda a la comunidad de Castilla y León, poniendo a disposición de familias y jóvenes el acceso a viviendas "asequibles".
"De lo que se trata es de generar confianza en los ciudadanos, en los empresarios y en el ámbito internacional", ha afirmado la ministra, quien ha asegurado que el convenio de ayer "es un ejemplo de que el consenso es posible".EFE
Fuente: http://www.abc.es
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