Poner una demanda ha dejado de ser tan barato en España desde el pasado 18 de febrero. La alta ligitiosidad del país se va a reducir a golpe de decreto. O así por lo menos lo ha pensado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, con el anuncio de la regularización de la nueva Ley de Tasas.
En un periodo de contracción económica y recortes sociales, los costes para acceder a la Justicia se acaban de incrementar en un 100%, como es el caso de los procedimientos ordinarios o los recursos de casación, -aquellos destinados a anular alguna sentencia-. En los recursos de apelación, -aquellos recurridos a un tribunal superior para enmendar una resolución-, la subida llega a ser de un 166%.
Las protestas no se han hecho de esperar. Asociaciones profesionales como Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente, y las de fiscales Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales convocaron una huelga el pasado miércoles 20 de febrero. El seguimiento de la convocatoria ha sido del 62% de los profesionales de la ley en toda España, según los organizadores, aunque el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) corrige este dato en alrededor de un 40%.
¿Cuánto han subido?
“La tasa judicial consta de una parte fija -que es diferente según el tipo de procedimiento de que se trate- y una parte variable, que está en función de la cuantía del pleito”, explica Ramón Gutiérrez del Álamo Gil, socio director del departamento procesal de Adarve Abogados. Los procedimientos ordinarios han pasado de tener una cuantía fija de 150 a 300 €. La parte variable permanece igual que estaba, pues supone un 0,5% de la cuantía del pleito sobre un máximo de hasta un millón de euros, y un 0,25% sobre el resto de la cuantía que supere ese millón de euros. Lo que sí ha variado es el límite máximo de la parte variable de la tasa, ya que antes se pagaba como máximo 6.000 €, y ahora este tope se fija en 10.000 €.
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