El remiendo fiscal del Gobierno para intentar insuflar algo de aire al deteriorado mercado inmobiliario, en virtud del cual rebajó temporalmente del 8% al 4% el IVA de la vivienda nueva, ha tropezado con la legislación comunitaria, que establece que el suelo de dicho impuesto no podrá ser inferior al 5% y sólo en determinados casos.
Bruselas ha pedido ya cuentas a España por esa rebaja, requerimiento que suele ser la antesala de la apertura de un proceso de infracción. Eso augura un futuro oscuro a la medida, que aunque expira en diciembre cuenta con la promesa electoral del PP de extenderla un año más si accede al poder, aunque, eso sí, circunscrita a la vivienda habitual. Una matización que, a juicio de los expertos, dificilmente persuadirá a las autoridades comunitarias de no seguir adelante con el proceso. Leer más
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