El Consejo de Ministros ha aprobado una "primera fase de medidas de protección de deudores hipotecarios" para paliar la situación de las personas afectadas por desahucios.
Por una parte, se han fijado las condiciones bajo las cuales los desalojos serán paralizados durante dos años en su fase final. Podrán beneficiarse de estas medidas "los colectivos más vulnerables", que el Gobierno ha catalogado como aquellos que se encuadren en estas situaciones de renta:
Casos que en su unidad familiar no superen en 3 veces el nivel de renta del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Públicos, 1.597 euros mensuales, es decir, 19.164 euros anuales).
Personas o familias que hayan visto una "alteración significativa de las circunstancias económicas", es decir, que el pago de la hipoteca sobre la renta familiar se haya multiplicado por 1,5 veces en los últimos cuatro años -es decir, que si suponía un 40%, haya pasado a ser un 60%-; que la cuota hipotecaria supere el 50% de los ingresos netos; que se trate de crédito garantizado con hipoteca sobre la única vivienda del deudor y concedido para la compra de la misma.
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