lunes, 6 de julio de 2009

Sólo 212 familias malagueñas en paro aplazan el pago de la mitad de la hipoteca

Los requisitos establecidos por el Gobierno para acogerse a la moratoria hacen que la medida, que entró en vigor en marzo, apenas tenga incidencia

Las entidades financieras optan por negociar con el cliente otras opciones



Pagar sólo la mitad de la cuota de la hipoteca durante dos años en caso de perder el puesto de trabajo. El pasado mes de marzo entró en vigor la moratoria hipotecaria, una medida anticrisis aprobada por el Gobierno central que, en teoría, podría suponer un desahogo importante para centenares de familias malagueñas que están pasando por apuros económicos. Sin embargo, en la práctica, los requisitos que deben cumplir los potenciales solicitantes hacen inviable esta iniciativa, según denuncian las asociaciones de usuarios de banca Ausbanc y Adicae.

La Asociación Hipotecaria Española -que agrupa a bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito y establecimientos financieros de crédito-, y empleados de entidades financieras consultados por este periódico también consideran que estas exigencias frenan el desarrollo de la medida. Así, hasta el pasado mes de junio, sólo se han cerrado 212 operaciones en la provincia por importe de 1,52 millones de euros, a pesar de que la cifra de desempleados asciende a 151.610, según los últimos datos del Ministerio de Trabajo.

Préstamo inicial
La personas que quieran acogerse a esta línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO), además de estar en paro, y llevar al menos tres meses en esa situación, deben estar cobrando alguna prestación, no ser deudores y su préstamo inicial no debe superar los 170.000 euros, algo que «prácticamente nadie cumple», según denuncia Alfredo Martínez, delegado de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) en Málaga, que asegura, además, que hay entidades que son reacias a conceder el aplazamiento a pesar de que el interesado cumpla con el perfil. «Los bancos quieren quitarse problemas de encima y no les interesa tener clientes que pueden ser problemáticos», apunta Alfredo Martínez.

Y es que, aunque prácticamente todos los bancos y cajas se han adherido voluntariamente a esta iniciativa, que estará vigente hasta diciembre de 2010, su desarrollo depende de que exista un acuerdo entre la entidad y el usuario. Este es otro condicionante que, a juicio de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros Adicae, impide su buen funcionamiento. Así, Felisa Ramírez, portavoz de la asociación en Málaga, asegura que se han encontrado con casos de personas que cumplen los requisitos pero las entidades supeditan la concesión de la moratoria a un empeoramiento de las condiciones del préstamo. Ramírez dice que sólo el 10% de las personas que acuden a la asociación porque no pueden hacer frente a sus pagos encajan en el perfil del ICO.

«El problema es que la última palabra la tiene el banco», afirma Martínez, que considera ilógico que el límite del préstamo se establezca en 170.000 euros, ya que para acogerse a la medida el crédito debe haberse suscrito después del 1 de septiembre de 2008 y a partir de esa fecha gran parte de las hipotecas «superan esa cantidad».

«Es como buscar una Claudia Schiffer», ironiza una empleada de una oficina bancaria en la capital, que confirma que no han firmado ninguna operación de este tipo a pesar de que reconoce que, en caso de dificultades económicas, «es la mejor opción».

Alargar el plazo
La segunda alternativa, la más utilizada por las entidades bancarias, es la negociación. Alargar el plazo de amortización, pagar sólo intereses durante un tiempo o bajar el tipo de interés se convierten en la única posibilidad de muchas familias para no perder sus viviendas.
«Intentamos buscar una solución que se adapte a las posibilidades económicas del cliente», señala un trabajador de otra entidad, que apunta que el desconocimiento de la moratoria hipotecaria también hace que sean pocas las operaciones cerradas.

La ministra de Economía, Elena Salgado, indicó hace unos días que si en todo el país sólo se han formalizado 6.750 moratorias es porque no hay más solicitudes. «Todas las peticiones que han llegado se han atendido, será que no hay peticiones», apuntó la también vicepresidenta segunda del Gobierno.

Fuente: http://www.diariosur.es

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