El nuevo Plan de Vivienda beneficiará a 135.000 familias canarias hasta 2012

El Gobierno isleño ha incrementado un 50% sus objetivos respecto al programa anterior. Priorizará la rehabilitación como solución laboral para el sector.

El próximo Plan de Vivienda de Canarias, que también lo será de Rehabilitación, supondrá una nueva vuelta de tuerca en los objetivos del Gobierno autónomo. En los años en que estará vigente, hasta 2012, beneficiará a 135.000 familias, un 50% más de las previstas en el programa anterior (de 2005 a 2008), aún vigente hasta que se apruebe el nuevo, a más tardar en octubre, señaló, en unas declaraciones hechas a EL DÍA, el director del Instituto Canario de la Vivienda (ICV), Jerónimo Fregel.

"Hablamos de un salto muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que el anterior plan ya proyectaba incrementar de forma espectacular, un 60%, el número de beneficiarios. Entre 2005 y 2008 ha habido una magnífica ejecución, de más del 115%, con lo que se ha favorecido a más de 100.000 familias", destacó.

Según informó a finales del mes pasado el Ministerio de Vivienda, el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 facilitará el acceso a un inmueble o la mejora del que ya poseen a más de 36.000 familias canarias. Estas actuaciones están incluidas en el plan autonómico, explicó Fregel: "Integra todo lo nuestro más lo que compartimos con el Ministerio". Y el Ejecutivo isleño se hará cargo, de nuevo, de alrededor del 70% de las actuaciones, un porcentaje sin parangón a nivel nacional, apuntó.

Como el departamento estatal, en su nuevo programa el ICV ha puesto el énfasis en la rehabilitación y la reposición. "Son fundamentales en un territorio como éste, donde el suelo escasea, por dos motivos: porque buena parte del parque público de vivienda tiene tal antigüedad que hay que adaptarlo a los niveles de calidad y la normativa actuales y porque genera la misma actividad económica y requiere los mismos puestos de trabajo que una nueva construcción", argumentó el responsable del ICV.

"Seguiremos, por supuesto, incentivando la nueva construcción -matizó-, creando pisos para las familias más necesitadas, aquellas que no ingresan más de 10.000 euros anuales. Tenemos en marcha más de 2.000 en el Archipiélago; somos de las pocas autonomías que hacemos ese tipo de viviendas". Esta iniciativa se sumará al resto de promociones de vivienda protegida (VPO), todas a cargo de la empresa pública Visocan.

El protagonismo de la rehabilitación no eclipsará, en cualquier caso, el fomento del alquiler, que ha captado más de un tercio de las actuaciones del plan aún en vigor. Fregel aclara que "seguirá siendo una prioridad. Aparte de construir pisos públicos para alquiler, incentivaremos con 13.000 euros por vivienda la construcción de promociones privadas destinadas a este régimen. Es una ayuda de las más altas del Estado, igual que la destinada al pago del arrendamiento por parte de los jóvenes".

Como ejemplo de que el alquiler tiene cada vez más aceptación en las Islas, el director del ICV expone el hecho de que, de los 8.200 pisos gestionados por la Bolsa de Vivienda -que moviliza el parque residencial vacío-, "más del 90% está alquilado y el resto está en vías de hacerlo".

También habrá hueco para el alquiler con opción a compra, ya que al menos el 30% de lo abonado en concepto de alquiler de un piso protegido se podrá deducir de la futura adquisición del mismo, agregó como "novedad" Fregel.

Asimismo, el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Canarias recogerá, de forma transitoria, los incentivos para la conversión de promociones públicas de difícil venta en VPO. "En una situación de crisis hay que buscar la oportunidad. Intentamos que esas viviendas terminadas tengan una salida y, sobre todo, supongan una solución rápida a la demanda".

Se posibilitará que hasta 2.000 puedan distribuirse entre las familias con mayores dificultades, que pagarán un alquiler tasado, de 350 euros como máximo, de los que el Gobierno subvencionará hasta 300. "Es una medida de choque y, por tanto, no hay que olvidar que es transitoria y excepcional", recalcó Fregel.

El director del ICV defendió que ésta "es una política social de verdad", más que una ayuda a los promotores privados. En 2008 requirió más de 14 millones de euros.

Fuente: http://www.eldia.es