El Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida que ha impulsado el gobierno catalán para disponer de una base de datos unificada de todas las personas que quieran a optar a un piso con protección oficial en Cataluña entrará en funcionamiento a finales del próximo mes de noviembre.
Así lo ha avanzado hoy el conseller de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar, tras firmar con diecisiete alcaldes del área de Barcelona, entre ellos los de Martorell, Tordera, Súria, Caldes de Montbui, Gelida o Castelldefels, un convenio de adhesión a este nuevo registro Con la suma de estas poblaciones ya son 22 los ayuntamientos de la provincia de Barcelona que han suscrito el convenio, después de que lo hicieran los de Sabadell, Malgrat, Torelló, Premià de Dalt y Badalona.
El conseller Baltasar confía en firmar próximamente convenios de colaboración similares con municipios de las demás provincias, aunque se ha mostrado satisfecho por el hecho de que las localidades que ya lo han hecho concentren más de la mitad de la población de Cataluña.
La ciudad de Barcelona constituye un caso especial, ya que dispone de un registro independiente, conectado con el de Cataluña, que está en funcionamiento desde el pasado mes de julio.
La Generalitat gestionará por defecto el registro de aquellos ayuntamientos que no hayan firmado ningún convenio hasta el momento.
El conseller Baltasar ha explicado que la entrada en vigor del nuevo registro de solicitantes permitirá que todos los registros hasta ahora existentes, los municipales y los de la Generalitat, estén conectados informáticamente, lo que dará una visión completa de las necesidades de vivienda protegida en Cataluña.
Todas las personas que quieran acceder a un piso de protección oficial deberán estar inscritas previamente en este registro, que incluirá todas las promociones de vivienda protegida que se hagan en la comunidad, tanto públicas como privadas y de compra o alquiler.
Los pisos se adjudicarán, como hasta ahora, mediante sorteo.
Baltasar ha asegurado que la puesta en marcha de este instrumento permitirá a la Generalitat y a los ayuntamientos planificar mejor la oferta de vivienda protegida, a la vez que favorecerá la transparencia, la concurrencia pública y el control administrativo en la adjudicación de los inmuebles. EFE
Fuente: http://www.abc.es
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