El colapso del mercado inmobiliario español supuso una dura prueba de fuego para los fondos de inversión en este sector. Atrapados en una espiral de rápida caída de los precios de los activos, restricción de liquidez y desaparición de la demanda, muchos de estos vehículos no han podido resistir la avalancha de solicitudes de reembolsos por parte de sus partícipes.
Cuando las solicitudes de desinversión superan el 10% del patrimonio, los fondos disponen de la posibilidad de acogerse durante dos años a la suspensión de nuevas salidas de partícipes.
Pero la tarea de obtener la liquidez necesaria para devolver el dinero a los inversores está siendo casi imposible. En parte, por la depreciación de los activos (la rentabilidad ponderada creció un 0,68% en 2008 y se desplomó un 8,18% en 2009) y, por otro lado, por la inexistencia de operaciones de compraventa en el sector.
Pero este contexto no puede ser excusa para, como prevé el Gobierno, eliminar los plazos máximos para reintegrar lo invertido a los 80.000 partícipes en estos fondos.
La seguridad jurídica tiene un valor incalculable en medio de la crisis actual para restañar la confianza inversora, y cambiar las reglas a mitad del partido no parece el mejor mensaje.
Fuente: http://www.expansion.com
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