La crisis económica, unida al plan para ajustar el gasto público impulsado en los últimos meses por el Gobierno central, se va a llevar por delante, además de otras muchas iniciativas, el banderín político -más retórico que cierto- que en su día enarboló el PSOE para reactivar las políticas de vivienda, abandonadas históricamente, al menos en Andalucía, cuando el ciclo económico era expansivo.
Hace unos días la ministra del ramo, Beatriz Corredor, anunció a las comunidades autónomas una rebaja sustancial en el presupuesto que maneja su departamento, lo que implica una intensa reducción de las ayudas que perciben ciudadanos y empresas para poder acceder y construir una vivienda protegida. El tijeretazo no hace excepciones.
Es integral. Casi 800 millones de euros en tres años, lo que supone reducir en un 64% el volumen de subvenciones en favor de la Vivienda de Protección Oficial existentes en estos momentos. A pesar de que la ministra intentó suavizar el impacto de la medida asegurando que el gasto disponible se destinará, de forma prioritaria, a la rehabilitación y al alquiler, resulta a todas luces evidente que cualquier reducción en materia de ayudas no contribuirá a que pueda cumplirse, siquiera de forma parcial, el principio constitucional de acceso a la vivienda. Mucho menos en el actual escenario económico: las dificultades de los promotores para obtener financiación con que impulsar nuevas promociones de vivienda social se suma a la imposibilidad de muchos demandantes de vivienda de obtener créditos hipotecarios.
En este contexto, no resultan creíbles las promesas del Ministerio de lograr que los bancos financien hasta el 90% de las operaciones de venta -los gastos financieros tendrán que asumirlos los propios adjudicatarios- o la reducción, de hasta un 40%, de las ayudas a los promotores. La Junta ha mostrado su oposición y ha reclamado una moratoria. Es probable que tenga poco éxito. La competencia de vivienda es autonómica, pero sin ayudas estatales y sin respaldo del sector financiero toda la arquitectura para reactivar la VPO se vendrá abajo. Un símbolo más del cambio de rumbo adoptado por el Gobierno de Zapatero.
Fuente: http://www.diariodesevilla.es
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