Cataluña, Extremadura y Andalucía se opusieron a la supresión de ayudas
«El recorte es un atentado muy importante, se puede entender una política de austeridad, pero no en este Ministerio en el cual tenemos que buscar políticas sociales». Este comentario, crítico con los recortes anunciados durante la semana por el Ministerio de Vivienda, no sorprendería si formara parte del engranaje acostumbrado del debate entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, normalmente fieles al argumentario de sus partidos. Pero las palabras pertenecen al consejero catalán de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar.
Los ajustes en política de vivienda, de 233 millones de euros durante este año y cerca de 520 millones en 2011, han despertado una reacción de alarma unánime entre los promotores e, incluso, todos los órganos regionales de Gobierno. Ni siquiera el Ejecutivo se encuentra a salvo de las críticas, sin disimulos, que lanzan desde las comunidades autónomas gobernadas por su partido.
Uno de los más explícitos fue el Ejecutivo andaluz. Con la adquisición de Cajasur por BBK aún caliente, algo que molestó a los defensores del sello identitario andaluz en la caja cordobesa, la consejera de Obras Públicas de la Junta de Andalucía trasladó el pasado martes su «total desacuerdo» con la decisión de la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, una postura compartida por el presidente andaluz, José Antonio Griñán, quien solicitó que se establezca un periodo transitorio para los incentivos a la compra de VPO tras el viraje «drástico» que representan las medidas planteadas por Vivienda. «Nos hemos opuesto a que esto sea haga de forma drástica, de la noche a la mañana, y que de repente se pase de las ayudas a la adquisición de viviendas a las de alquiler», insistió Griñán.
Los primeros roces del Gobierno con los barones socialistas llegaron en la conferencia multilateral, celebrada el 22 de julio, donde los representantes autonómicos, entre ellos los de Andalucía, Extremadura y Cataluña, se opusieron en bloque a la eliminación de las ayudas. Los consejeros de Vivienda pusieron de manifiesto su inquietud ante los recortes y se lamentaron de lo que consideran un retroceso en derechos sociales.
Tras las declaraciones de Griñán,el vicepresidente tercero del Gobierno y antecesor en el cargo, Manuel Chaves, trató de poner tierra de por medio. Minimizó las discrepancias entre el Ejecutivo central y la Junta y aseguró que no percibe «ningún enfrentamiento», aparte de las «diferencias puntuales» sobre las decisiones adoptadas por el Ejecutivo en política de vivienda. Chaves, además, señaló que los recortes se enmarcan en las medidas de austeridad aprobadas por el Gobierno para alcanzar el «objetivo nacional» de reducir el déficit público hasta el 3% en 2013.
Decisión de cada comunidad
Con una menor dosis de beligerancia se pronunció en este sentido el consejero de Fomento extremeño, José Luis Quintana, quien reconoció que «comprende la necesidad de hacer ajustes», pero defendió la continuidad de las ayudas a la adquisición de VPO en su comunidad autónoma. «Una de las líneas que debe continuar en Extremadura es la ayuda esttatal a la entrada en al compra de VPO, especialmente en los casos que afecten a las rentas más desfavorecidas», señaló en un comunicado.
En cualquier caso, el Ministerio de Vivienda ha remarcado que será «flexible» en la aplicación de los objetivos convenidos si estos se ciñen a lo acordado en los presupuestos, por lo que se permitirá el trasvase de recursos entre las líneas de ayudas.
Pero a las consejerías les preocupa, sobre todo, que los ajustes interfieran en el desarrollo del Plan de Vivienda, esencial en la reactivación del sector. El consejero balear, Jaume Carbonero, temió que el mercado de la vivienda, después de la experiencia traumática del estallido de la burbuja inmobiliaria, no logre terminar de levantar cabeza. «Nos vamos a quedar con un Plan de Vivienda a medio ejecutar», subrayó el consejero, quien hizo hincapié en que Baleares es la segunda comunidad, sólo superada por Cataluña, que presenta un mayor grado de cumplimiento de los objetivos programados.
Fuente: http://www.abc.es
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