La vivienda es uno de los ejes de la reforma financiera del Gobierno. Consciente de la enorme cantidad de pisos sin vender (se calcula que en torno a un millón) y de la riqueza que generaría la reactivación del mercado, incluidos los ingresos en impuestos, ha apretado las tuercas a la banca para que no se los quede.
Los pisos de promociones terminadas y “las viviendas de particulares que no hayan sido residencia habitual de los prestatarios” que tenga la entidad “en pago de deudas” deberán tener cubierto su valor en un 50% cuando hayan pasado más de tres años desde su adquisición.
Esto supone que, a cierre de este año, esas promociones y segundas residencias de particulares, principalmente de costa y de montaña, que estén en los balances bancarios desde 2009, tendrán que estar cubiertas en la mitad del precio de coste. Las exigencias son aplicables a los inmuebles en poder de la banca hasta el 31 de diciembre de 2011.
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