En pocos días se han derrumbado parcial o totalmente cinco edificios situados en los cascos antiguos de Lleida, Tarragona y Badalona. Aunque las causas están todavía por determinar, en todos los casos existe un denominador común: se trata de edificios antiguos y afectados por la normativa que exige la revisión estructural, la llamada ITV de inmuebles, puesto que su construcción era anterior al año 1930.
Una normativa que presenta serias deficiencias por cuanto resulta de muy difícil aplicación, especialmente en tiempo de crisis, y a la que, en algunos casos, se añade el agravante de que se trata de edificios catalogados, lo que encarece su reforma. Además, esos inmuebles se apoyan unos en otros, lo que multiplica las dificultades para su renovación.
En Catalunya hay más de 1,2 millones de viviendas ubicadas en edificios construidos antes de 1970 que deben ser revisados. Desde que la Generalitat aprobó esta ITV, en el año 2010, sólo han obtenido el certificado pertinente un millar de edificios porque han sido muy pocos los que lo han solicitado. Un dato que invita a la reflexión sobre una norma que, por las razones que sea y no únicamente debido a la crisis, resulta difícil de cumplir. Una de estas dificultades es que esa revisión depende única y exclusivamente de los propietarios de los edificios. Por mucho que sea, obviamente, una parte fundamental del problema, no resulta eficaz ni, en algunas ocasiones, justo. Porque solicitar la revisión, en una buena parte de los casos, obliga a una reforma estructural del edificio que el propietario no tiene la capacidad de asumir. De ahí la ineficacia de la norma. leer más
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