No hay acuerdo entre PP y PSOE, pero al menos sí ha habido acercamientos, así que el Gobierno aprobará hoy el real decreto ley con medidas urgentes sobre los desahucios. Entre ellos podrá estar una nueva regulación de la responsabilidad que tendrán los fiadores o avalistas en las hipotecas o limitar a 19.000 euros anuales la renta por debajo de la cual se suspenderá un desahucio.
La comisión formada por asesores del Gobierno y del PSOE ha retomado las negociaciones a última hora de ayer con el objetivo de cerrar un acuerdo que apruebe hoy el Consejo de Ministros en forma de decreto-ley.
Papel de los fiadores o avalistas de un préstamo hipotecario.
"Ahora, las modificaciones propuestas definen mucho mejor la responsabilidad del fiador, que será secundaria y se determina de forma mucho más tajante que la entidad financiera actúe en primera instancia contra el deudor", han asegurado las mismas fuentes.
Responsabilidad de las tasadoras
El decreto que aprobará mañana el Consejo de Ministros establecerá una serie de requisitos mucho más duros a estas sociedades para que puedan proceder a realizar las valoraciones de los inmuebles. Se les impondrá nuevas exigencias de capital y un régimen de supervisión mucho más estricto.
Se quiere con ello asegurar que las valoraciones que emitan son de verdad independientes y no están condicionadas en virtud de la consecución del préstamo hipotecario.
Umbral de desahucio
Este se ha fijado en alrededor de 19.000 euros anuales, el equivalente a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), como proponía el PSOE, o 2,5 veces el Salario Mínimo Profesional, la propuesta del Gobierno.
Prórroga
Además, para los colectivos más desfavorecidos o vulnerables se prevé aprobar una prórroga de al menos dos años en los desahucios, tiempo en el que deberán ser capaces de hacerse cargo de sus deudas.
Valor del inmueble
Según el actual código de buenas prácticas de las entidades financieras, las familias con todos sus miembros en paro pueden evitar el desahucio si el valor de la vivienda no supera los 200.000 euros. La intención es aumentar progresivamente ese umbral y, en casos concretos, como podría ser el de familias numerosas, incluso duplicarlo.
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