Arrendar con un contrato ilegal o abrir la puerta de un inmueble vacío de protección oficial o de una familia que ha sido desahuciada a cambio de dinero.
Es una práctica fraudulenta que, según algunos vecinos y ayuntamientos, se extiende por el área metropolitana, sobre todo, en aquellas localidades barcelonesas donde hay un número mayor de pisos deshabitados, como L'Hospitalet de Llobregat o Badalona. El alquiler de viviendas por parte de particulares que no son los propietarios legales de un inmueble está tipificado como delito de estafa, pero eso no evita que redes organizadas o algunos individuos intenten sacar algún provecho económico en las zonas donde hay más viviendas sin inquilinos.
“Bloque que queda vacío, ellos se hacen los amos y los alquilan ilegalmente”, se queja la Asociación de Vecinos de Carmen Amaya, en el Gornal (L’Hospitalet). En este sentido añade que los inquilinos pueden llegar a pagar hasta 1.200 euros para tener acceso a los inmuebles en cuestión. El consistorio de Badalona también asegura haber detectado este tipo de ocupaciones ilícitas. El regidor de Vía Pública del Ayuntamiento, Daniel Gracia, denuncia que “hay una serie de individuos, redes organizadas, que controlan pisos vacíos y las personas que los han intentado ocupar aseguran que lo han hecho a cambio de pagar dinero a un intermediario y que, incluso, les han hecho firmar un contrato de alquiler falso”.
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