Pisos protegidos para rentas más altas

El precio de las viviendas públicas variará según los ingresos del comprador
El consejero Iñaki Arriola quiere ampliar el abanico de las VPO y urbanizar los solares que ahora están parados por la crisis inmobiliaria

El Gobierno vasco facilitará el acceso a los pisos protegidos a ciudadanos con ingresos más altos que los permitidos hasta ahora para las viviendas de protección oficial (VPO) -35.000 euros anuales- y las tasadas -45.000-. Así lo aseguró ayer el consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Iñaki Arriola, quien compareció en el Parlamento vasco para explicar los proyectos de su departamento durante la presente legislatura. Arriola apuntó la posibilidad de edificar pisos públicos más caros que los actuales, cuyos precios oscilan entre los 120.000 euros para las VPO y más de 200.000 para las tasadas. Y consideró más «justo» que las casas impulsadas por las instituciones públicas no cuesten lo mismo para todo el mundo, sino que, manteniendo la calificación pública permanente, su precio varíe con arreglo a la renta de las personas que vayan a vivir en ellas.

De la intervención del consejero se desprende una modificación sustancial en la política de Vivienda desarrollada hasta ahora por el Gobierno vasco. El giro se plasmará en el plan director 2010-2013 y que se traducirá, por ejemplo, en la desaparición «a medio plazo» del programa Bizigune, una iniciativa que ha movilizado más de 4.500 inmuebles vacíos para el arrendamiento. A través de la futura Ley de Vivienda, el Ejecutivo de Patxi López se ha propuesto crear un parque de alquiler de «suficiente entidad» y convertir el arrendamiento social en un derecho exigible específicamente por las personas en «situación objetiva de necesidad».

El grupo parlamentario del PNV calificó el cambio anunciado por Iñaki Arriola de «espectacular», pues en cierto modo, aproxima al gabinete socialista a algunos planteamientos sobre los pisos protegidos que el partido de Íñigo Urkullu había defendido sin éxito durante la pasada legislatura frente al consejero Javier Madrazo, que siempre fue respaldado por el lehendakari Ibarretxe. Los nacionalistas plantearon ayer que se deje de distinguir entre viviendas libres y VPO para hablar de inmuebles tasados.

El consejero Arriola insistió, en cualquier caso, en que su primer objetivo es buscar «un gran pacto político y social» sobre el parque de viviendas protegidas para un periodo de diez años. Su departamento quiere iniciar, en una primera fase, 40.000 viviendas públicas hasta 2013, de las cuales 16.000 serían de alquiler, lo que representa el 40% del total, una proporción similar a la que se alcanzó en la pasada legislatura.

Más peso de los alcaldes
Según explicó Arriola, los ayuntamientos serán «agentes clave» en el proceso, y recuperarán el peso que habían perdido cuando el área de Vivienda estaba en manos de EB. El propósito del Ejecutivo de Patxi López es, por un lado, otorgar a los alcaldes un protagonismo «mucho mayor» y, por otro, dinamizar «la iniciativa privada», ya que, a su modo de ver, los promotores desempeñan un papel «indispensable» en la promoción de pisos protegidos.

Arriola no concretó cómo serán las VPO o los pisos tasados que se edifiquen en el futuro, pero se preguntó por qué «una familia que ingresa 1,5 millones de pesetas anuales tiene que pagar por una VPO lo mismo que otra que gana cinco millones».
También recordó que, hasta el estallido de la burbuja inmobiliaria, los promotores compensaban el menor precio de los pisos protegidos con las viviendas libres que se construían en el mismo solar. Sin embargo, como el mercado se ha desplomado, Arriola aseguró que las operaciones inmobiliarias ya no se pueden sostener.

En ese contexto, con un montón de urbanizaciones y solares parados, y cuando los bancos sólo financian vivienda pública, el Gobierno vasco propone ahora «una reflexión» para «adecuar» los precios de las VPO «a la capacidad económica de las rentas de nivel más alto, de tal manera que la iniciativa privada se vea estimulada».

Iñaki Arriola anunció ayer medidas para que los ayuntamientos vascos adquieran suelo edificable y compensen el desequilibrio que existe en estos momentos en favor de Vitoria, que ha acaparado el 50% de la VPO de Euskadi. El Ejecutivo autónomo pretende ofrecer terrenos a los alcaldes, «con la posibilidad de que el Departamento de Vivienda urbanice los polígonos residenciales cuya ejecución se encuentra en estos momentos parada». Luego se cobraría la inversión con la «cesión de aprovechamientos y solares a edificar».

Fuente: http://www.elcorreodigital.com