La crisis aparece en cada esquina del sector de la vivienda, también en la de la viviera pública. Ocurre que cada vez son más los españoles que renuncian a viviendas con algún tipo de protección pública, viviendas de las que han sido "afortunados" adjudicatarios. Y es que hasta para una VPO hace falta mucho dinero.
Entre las razones alegadas están las de carácter económico, derivadas de la supresión de ayudas a la adquisición de la vivienda o la denegación de la subrogación en el préstamo por parte de las entidades financieras.
Es una realidad que deben considerar los poderes públicos para las políticas de vivienda.
También se alega la exigencia de unos ingresos mínimos o máximos anuales en la unidad familiar, que la crisis laboral convierte en muy difícil alcanzar, la pérdida de ingresos como consecuencia del desempleo o la incertidumbre económica existente en muchas unidades familiares que supone un freno a proyectos de futuro.
Todo ello lo ha constatado la oficina del Defensor del Pueblo en su último informe anual. "Esta es una realidad que necesariamente debe tomarse en consideración por los poderes públicos en el diseño de las políticas de vivienda", asegura la institución.
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