La falta de previsión legal en la regulación de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ha causado un grave problema a la empresa Patrimonios de Levante y a los 29 adjudicatarios de viviendas de protección oficial (VPO) de la promoción M26, en Torrent (Valencia).
Las obras están acabadas y los pisos para entregar desde enero, pero no pueden firmar la compraventa. Mejor dicho, sí pueden, pero perderían todas la ayudas.
El problema es que la normativa de las VPO exige que el comprador se subrogue en el préstamo del promotor. Dado que la Sareb no es un banco, los compradores de sus pisos no se pueden subrogar y tienen que pedir un nuevo préstamo, cosa que para los de VPO significaría la pérdida de la ayuda estatal.
En la M26, el préstamo era de Bankia, que cumplió el Real Decreto 1559/2012, que obligaba a los bancos nacionalizados -BFA-Bankia, Catalunya Banc, NCG Banco y Banco de Valencia- a traspasar a la Sareb los préstamos inmobiliarios superiores a 250.000 euros. La norma no contenía ninguna previsión sobre vivienda protegida, por lo que el problema se repetirá en todas las VPO traspasadas a la Sareb, cuando vayan a venderse.
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