La decisión de la Generalitat de elevar del 8% al 10% el tipo general del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que grava la compraventa de viviendas de segunda mano, ha provocado la indignación de los profesionales del sector que temen que la medida pueda dar al traste con muchas operaciones.
Además, denuncian que se ha adoptado «sin ningún tipo de negociación ni de aviso, generando una gran inseguridad entre los clientes», según explicó ayer la presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Alicante, Marifé Esteso.
«Es una medida muy injusta porque perjudica a un sector económico que ya está muy machacado y esto va a suponer un nuevo obstáculo», aseguró Esteso. Al respecto, recordó que las entidades están exigiendo porcentajes de entrada muy elevados en las pocas hipotecas que conceden por lo que, «si se eleva la partida de gastos adicionales, a la gente le va a costar aún más reunir el dinero cuando la mayoría de clientes ya van muy justos», señaló la presidenta de los API.
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