martes, 18 de diciembre de 2012

El fondo social de vivienda solo para los más vulnerables

Gobierno y banca ultiman un acuerdo para que las entidades que voluntariamente lo deseen aporten inmuebles de menos de 100.000 euros y "en condiciones de habitabilidad" al fondo de vivienda social para desahuciados. A los afectados se les exigirán las mismas condiciones familiares y económicas de especial vulnerabilidad que se piden para paralizar dos años un desalojo para que puedan beneficiarse de un alquiler social.

El Gobierno ultima un acuerdo con la mayoría de entidades financieras del país por el que estas aportarán 6.000 inmuebles al fondo social de vivienda ideado por el Gobierno para alojar a aquellas familias que han sido desahuciadas, según detalló ayer en el Senado el ministro de Economía, Luis de Guindos.

La medida, sin embargo, estará restringida a ciertos colectivos de especial vulnerabilidad. Básicamente los que cumplan las mismas condiciones exigidas para aplicar una moratoria de dos años en las ejecuciones hipotecarias.

Se limita, por tanto a familias numerosas, monoparentales con dos hijos al cargo; aquellas con un menor de tres años; con un miembro en situación de dependencia, incapacitado para trabajar o con una discapacidad que supere el 33%; en las que el deudor hipotecario esté desempleado y haya agotado su prestación, o en las que haya víctimas de violencia de género.

Una vez certificado uno de estos supuestos se exigen, además, otros tres requisitos económicos adicionales: que la unidad familiar cuente con ingresos inferiores a tres veces el Indicador Público de Rentas (IPREM), es decir, unos 1.597 euros mensuales o 19.164 euros anuales, que la carga hipotecaria haya crecido 1,5 veces desde 2008 y que la cuota mensual supere el 50% de sus ingresos.

Las estimaciones que baraja el ministro Guindos son que, en el caso de la moratoria, hasta 120.000 familias cumplen todos los requisitos exigidos para acogerse a la medida.

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