Más de 290.000 viviendas de municipios de más de 20.000 habitantes o con Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Castilla y León tienen más de cuarenta años y, por tanto, deben pasar la Inspección Técnica de Edificios (ITC) para mantener sus buenas condiciones de uso y habitabilidad.
Del total de 294.140 viviendas -pertenecientes a 81.897 edificios- que están obligadas a someterse a esta inspección, 70.003 son anteriores a 1950, 71.866 fueron construidas entre 1951 y 1960, y 152.271 entre 1961 y 1970, según datos facilitados por el Gobierno autonómico.
Según la Ley de Urbanismo autonómica, son las comunidades de propietarios las responsables de encargar la inspección, mientras que corresponde a los ayuntamientos el control y vigilancia de las condiciones de salubridad, mantenimiento y conservación de los edificios, ha explicado hoy a los periodistas el consejero de Fomento, Antonio Silván.
El consejero ha efectuado estas declaraciones antes de la inauguración de la Jornada sobre Inspección Técnica y Rehabilitación de Edificios y Construcciones, que se celebra hoy en León y donde diferentes expertos de la política y la construcción exponen las novedades normativas en este campo, las ayudas y beneficios fiscales con las que cuenta esta actividad o determinadas experiencias de rehabilitación que se han llevado a cabo, entre otros temas.
La inspección técnica debe realizarse dentro de los doce meses siguientes a que se cumplan los cuarenta años de la terminación del edificio o de su rehabilitación integral, de haber sido sometido a esta última.
Asimismo, tendrá que ejecutarse dentro de los doce meses siguientes a que se cumplan diez años desde la anterior inspección.
El procedimiento lo inicia el propietario de la vivienda, quien debe encargar la inspección a un técnico competente en materia de construcción, el cual expedirá un certificado y adjuntará un informe en el que describirá el resultado de la revisión.
Una vez obtenido este documento, el propietario entregará una copia de ese certificado al Consistorio de su municipio.
El ayuntamiento podrá requerir a los propietarios de estas viviendas que acrediten la realización de la inspección técnica o, incluso, ejecutar la revisión a iniciativa propia.
El director general de Vivienda y Arquitectura, Gerardo Arias, ha asegurado a los periodistas que el Gobierno autonómico está reorientando su política de vivienda ante la actual situación de crisis del sector de la construcción, de tal manera que las personas que se empleaban hace unos años en la construcción de vivienda nueva puedan ahora trabajar en la rehabilitación.
La concesión de ayudas al alquiler, tanto para los inquilinos como para los promotores que construyen viviendas para este fin es una de las líneas con las que la Junta de Castilla y León pretende impulsar el sector.
Fuente: http://www.abc.es
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