Los inversores institucionales se centran en la capital
La inversión en activos inmobiliarios destinados al alquiler en España asciende a 47.598 millones de euros, pero debería alcanzar los 150.000 millones para colocarse a la altura de otros países europeos. Esta cifra coloca a España como séptimo país más importante de Europa. Perlo si se compara la inversión con el PIB, España es penúltima, sólo superada por Irlanda. Elsa Galindo, directora para España y Portugal de IPD, cree que el problema reside en la escasez de vehículos para realizar operaciones de inversión inmobiliaria. Como flaco consuelo, en este campo sólo estamos por encima de Estonia.
Pero, ¿quién invierte en ladrillo? Según el informe "Inversión institucional en activos inmobiliarios en España", elaborado conjuntamente por Asprima, la Sociedad de Tasación, la empresa internacional de análisis de rendimientos inmobiliarios IPD y el IESE Business School, los extranjeros, que controlan el 42% del valor de los activos en alquiler en España. Las inmobiliarias cotizadas en Bolsa aportan el 27%; los fondos de inversión el 14%. Y las compañías de seguros y las gestoras de fondos de pensiones, el 10%. Los fondos y sociedades de inversión inmobiliaria, apenas el 1%, lo que muestra la necesidad de una legislación más favorable a estas instituciones.
Los inversores institucionales prefieren el segmento comercial, pero las inmobiliarias cotizadas optan por las oficinas. Las aseguradoras y las gestoras de fondos de pensiones, también pero más (91% frente a 57%). Y los fondos y sociedades de inversión inmobiliaria, en las viviendas (69%), pero por imperativo legal.
El presidente de los promotores inmobiliarios de Madrid (Asprima), José Manuel Galindo, subraya la necesidad de introducir cambios legislativos que atraigan a inversores institucionales como los fondos y las sociedades de inversión inmobiliaria hacia este mercado, que tiene "una relación rentabilidad/riesgo muy atractiva", del 7% a largo plazo muy competitiva respecto al Ibex o a los bonos. "Hay que fomentar la inversión extranjera, porque en estos momentos es el principal actor", insiste.
Para ello hay que incentivar que inversores institucionales compren promociones para destinarlas a alquiler, incrementar la seguridad jurídica, sobre todo en la ejecución por incumplimiento del pago del arrendamiento. "El acortamiento de los plazos para la ejecución y que los mecanismos, como los juicios rápidos funcionen, es más barato que la desgravación fiscal al alquiler", argumenta el presidente de Asprima.
Juan Antonio Fernández-Aceytuno, director general de la Sociedad de Tasación, cree que "cuantos menos incentivos fiscales artificiales, mejor" y que "el Estado debe invertir en vivienda pública para alquiler destinada a personas con menos recursos o a colectivos en riesgo de exclusión, como las mujeres maltratadas". Pero insiste en que "cuando hay un incentivo, se genera un desequilibrio", por lo que "hay que dejar que el mercado funcione, y el Estado sólo debe ir allí donde el mercado no llega y se puede obtener una rentabilidad social"
Fuente: http://www.capitalmadrid.info
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